EL GOBIERNO DECIDIÓ DEROGAR LA POLÉMICA ACTUAL LEY DE ALQUILERES

El Gobierno analiza suspender por DNU la polémica ley de alquileres mientras analiza alternativas para equilibrar el mercado sin generar una ola de juicios que perjudique aún más a inquilinos y propietarios. Los otros anuncios de Massa

04/04/2023

En un almuerzo a solas el lunes en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, acordaron impulsar la suspensión o derogación (podría ser a través de un DNU) de la polémica ley de alquileres sancionada hace unos 3 años mientras analiza alternativas para equilibrar un mercado que entró en crisis en medio de la disparada de la inflación.

Luego del encuentro entre Massa y el Presidente, el gobierno ahora impulsa una batería de medidas que se conocerán en las próximas horas. Incluye además una «simplificación» del mercado cambiario para el sector agroexportador y del régimen de importaciones, con el objetivo de detener la pérdida de reservas del Banco Central y evitar una megadevaluación.

El acuerdo entre el presidente y el ministro de Economía rondó alrededor de la decisión de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que sería anunciado en las próximas horas o días, pero resta definir los pasos a seguir una vez que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la normativa que fue sancionada por el Congreso en junio de 2020.

La ley vigente establece contratos de tres años de duración y actualización por un índice mixto entre inflación y salarios. «El problema será buscar una alternativa que no perjudique aún más a los ya afectados inquilinos por el alza desorbitada de los alquileres y a los propietarios que no ven redituable poner sus bienes en alquiler».

El tema será evitar que la derogación de la ley vigente derive en otra bomba de tiempo que dispare juicios en los contratos que se caerán al caerse la ley.

La normativa, sancionada en junio de 2020, terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios, y afectó severamente al mercado inmobiliario que derivó en una caída fuerte de la oferta de inmuebles en alquiler en las principales ciudades y una migración de familias que se quedaron sin poder alquilar por la devaluación de sus salarios.